Magistrado propone investigar actos anticipados de campaña

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, planteará a la Sala Superior del TEPJF que las ministras de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, en su carácter de candidatas para la elección judicial, sean investigadas por el INE por la realización de actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos con fines electorales y empleo de propaganda gubernamental personalizada. 

De acuerdo con el proyecto de resolución del magistrado Rodríguez Mondragón, que se prevé sea presentado la próxima semana ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se propone revocar la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE), por la que desechó diversas quejas presentadas en contra de estas 3 ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y es que se indica que la UTCE sólo analizó 10 de 99 publicaciones en redes sociales que fueron presentadas como pruebas de actos anticipados de campaña de las ministras, pese a que en ellas se les observa participando en eventos públicos, como foros de análisis de la reforma judicial, informes de labores de diversas gubernaturas o, incluso, reuniones con vecinos, entre otras.

Al tiempo que la UTCE determinó desecharlas, pues consideró que las publicaciones denunciadas, de forma evidente, no pueden actualizar una infracción a la normativa electoral.

Por lo anterior, el magistrado Rodríguez Mondragón propone que se evalúe “si la sola asistencia de una persona candidata judicial a algún foro, sin manifestar una petición de respaldo a su candidatura, actualiza, de forma evidente o probable, un acto anticipado de campaña. De igual forma, si los elementos que aportan los recurrentes son suficientes para investigar el presunto uso de recursos públicos o la existencia de propaganda gubernamental personalizada”.

Ordenan al INE respetar decisión de Nayarit de ir a elecciones judiciales en 2025

Por mayoría de votos, la Sala Superior del TEPJF revocó el acuerdo del INE por el que excluía a Nayarit de los estados que celebrarán elecciones judiciales locales en 2025, por ello, ordenó a este instituto lleve a cabo todos los procesos necesarios para apoyar a la entidad en la organización de este proceso electoral extraordinario local del próximo 1 de junio.

Esta determinación se da luego de que aspirantes en la elección de la Judicatura local de Nayarit y el Congreso local impugnarán la decisión del INE, el cual sostuvo que había una imposibilidad material para considerar a dicha entidad dentro de las actividades que debe realizar para la organización del proceso electoral en curso.

Cabe señalar que el INE había fijado como fecha límite el 15 de enero para que los estados informarán sobre si iban o no a realizar comicios judiciales locales y cuántos cargos serían renovados por entidad.

Según el TEPJF, el INE fue omiso en valorar las fechas y plazos que se encuentran señaladas tanto en la convocatoria expedida desde el pasado 17 de febrero por parte del Comité Estatal de Evaluación, así como lo estipulado en la Constitución, que establece que las entidades tendrán hasta el 15 de marzo para llevar a cabo sus reformas en materia judicial.

Confirman criterios de paridad en elección judicial

El TEPJF confirmó el acuerdo del INE por el que establece criterios para garantizar la paridad de género en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, pues se aseguró que estos no vulneran el derecho a ser votado en igualdad de condiciones, ni la autenticidad y efectividad del sufragio.

“Esta elección llega en un momento en el que la integración del Poder Judicial se aleja de esta realidad, porque de cada 10 personas juzgadoras sólo tres son mujeres”, señaló el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón al presentar el proyecto.

En este sentido, detalló que estos criterios señalan que la asignación de los cargos será alternada, empezando por la mujer más votada y luego el hombre más votado, así como las reglas específicas de cómo asignar los triunfos en los circuitos judiciales con diferentes supuestos de configuración geográfica y la posibilidad de que sean electas más mujeres que hombres.